RÍO CUARTO: Declaran inconstitucional la tasa de inspección sanitaria

Las provincias que intentaron implementar normas semejantes para controlar ingreso de alimentos se amparan en su poder de policía, y en el derecho a la salud de la comunidad. A raíz de una presentación de la firma Granja Tres Arroyos Sacafei, la Justicia federal declaró la inconstitucionalidad de una “contribución sobre los servicios de protección sanitaria” implementada en Río Cuarto.

La sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por Ignacio Vélez Funes, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi, confirmó una resolución de octubre de 2018 del Juzgado Federal de Río Cuarto que declara la inconstitucionalidad y consecuente inaplicabilidad de los artículos 270 y 275 de la ordenanza fiscal municipal.

La norma establecía una contribución que en otros municipios suele ser determinada “tasa de abasto” o “tasa de inspección bromatológica o veterinaria”. El fin declarado de tales tasas es financiar el costo de los servicios destinados a verificar la condición de “apto para consumo” de los alimentos perecederos que se introducen en los municipios. A quienes no la pagan no les permiten comercializar sus productos.

La Cámara destacó que el tributo ya ha sido materia de estudio y tratamiento por parte de la doctrina y la jurisprudencia, a raíz de numerosos planteos similares suscitados en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Tanto el municipio de Río Cuarto como las provincias que intentaron implementar normas semejantes para controlar ingreso de alimentos se amparan en su poder de policía, y en el derecho a la salud de la comunidad.

Pero la Cámara destacó que “la doctrina y la jurisprudencia son pacíficas en sostener que, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Alimentario, los municipios no son su autoridad de aplicación”.

Vélez Funes consideró que “el tributo pretendido por el municipio demandado es inconstitucional por constituir un derecho aduanero sobre mercaderías en tránsito, vulnerando la cláusula comercial del artículo 75 inciso 13 y los artículos 9, 10 y 11 de la C.N. que establecen la libre circulación en el territorio argentino, prohibiendo las aduanas interiores”.

Según el informe de ejecución presupuestaria presentado por la Secretaría de Economía al Concejo Deliberante de Río Cuarto, por esta tasa sanitaria ingresaron al municipio 2,9 millones en el primer trimestre del año, y se esperaba recaudar más de 15 millones, en todo 2019.

Para la Cámara Federal de Apelaciones, “cuando los municipios pretenden regular o limitar el tráfico de mercaderías, incurren en una clara violación de las disposiciones del Código Alimentario Argentino”. “Se advierte que el municipio avanza sobre un ámbito de competencia que es exclusiva del Estado nacional, afectando el principio de supremacía constitucional”, argumentan los jueces.

La Sala A de la Cámara Federal rechazó la apelación interpuesta por el municipio y confirmó la sentencia de primera instancia. El juez Eduardo Ávalos acotó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 9 de diciembre de 2015, en los autos caratulados “Logística La Serenísima”, declaró la inconstitucionalidad de una ley local análoga de la provincia de Mendoza. El fallo sólo rige para la empresa que demandó la decisión no está firme, ya que se apeló a la Corte.

El fiscal municipal, Julián Oberti, dijo que el fallo sólo tiene efecto para Granja Tres Arroyos, un transporte de carne que entiende que sólo lo debe controlar el Senasa. Se trata de la única firma que reclamó.

“Este es un sólo caso, de una empresa que además tiene una deuda con el municipio. Es un solo reclamo, no se ha derogado la ordenanza ni se ha dejado de aplicar. No es que haya sacado toda la tasa, además el fallo no está firme por un recurso ante la Corte”, indicó.

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